El Gobierno, a través del Ministerio de Sanidad, está elaborando una propuesta normativa para que la donación en vida de un órgano se considere causa específica de incapacidad temporal.
Esta ley dará especial protección laboral a aquellas personas que hayan decidido donar uno de sus órganos. Una modificación legislativa que implicaría una «prestación de la Seguridad Social acorde con la misma, equivalente al 100% de la base reguladora correspondiente».
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section bb_built=»1″ fullwidth=»off» specialty=»off» _builder_version=»3.0.100″ custom_margin=»0px|0px|0px|0px»][et_pb_row _builder_version=»3.0.100″ make_fullwidth=»on» use_custom_width=»on» width_unit=»off» custom_width_percent=»100%» use_custom_gutter=»on» gutter_width=»1″ custom_css_main_element=»width: 100% !important;||max-width: 100% !important;» make_equal=»on»][et_pb_column type=»2_3″][et_pb_text _builder_version=»3.0.100″ background_color=»#4c4c4c» background_layout=»dark» text_orientation=»justified» text_font=»|300|||||||» custom_padding=»30px|30px|56px|30px» custom_css_before=»margin-right: 0 !important;»]La norma, que todavía no se ha terminado de redactar, ampliaría la citada protección de los donantes vivos en el ámbito laboral. «Protección» en situaciones como: ausencias justificadas necesarias para su evaluación clínica y su comparecencia preceptiva ante el juez o, en caso preciso, ante el Comité de ética asistencial del hospital correspondiente.
El proyecto normativo de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) responde a una demanda de aquellas personas que, en su libertad individual y sin ningún tipo de recompensa, donaban un órgano dentro del sistema sanitario español. Muchas de ellas, agrupadas en asociaciones de pacientes, denunciaban una situación de ‘prejuicio’ en su entorno laboral.
Es cierto que la acción de donar un órgano provoca «ausencias al puesto de trabajo necesarias para la realización de pruebas, someterse a una cirugía y recuperarse de la misma».
Situaciones que, hasta ahora, se realizaban sin protección social especial y que podían repercutir negativamente en las condiciones laborales del donante. Además, en el caso de los trabajadores por cuenta propia, existía una importante reducción del tiempo de trabajo que acarrea en una bajada de sus ingresos.
Con esta norma, que todavía no es efectiva, el Gobierno pretende paliar esta situación así como las penalizaciones que algunos donantes sufren a la hora de contratar su seguro de vida.
Esto conllevará una prestación de la Seguridad Social acorde a la misma, equivalente al 100% de la base reguladora
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