La Asamblea General de Naciones Unidas ha aprobado una resolución contra el tráfico de órganos que pide a los Estados Miembros desarrollar sus propios sistemas de trasplantes, según los principios éticos defendidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y sobre los que se asienta el sistema español de trasplantes, para prevenir y combatir la trata de personas con fines de extracción y tráfico de órganos humanos.
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La Resolución también reconoce el valor del Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra el tráfico de órganos humanos, como primer documento legal internacional que define con precisión este delito y cuya apertura a firma se llevó a cabo en la ciudad española de Santiago de Compostela en el año 2015, en reconocimiento a nuestro país por su liderazgo en la lucha internacional contra este tipo de prácticas.
[feedburner name=»name»] Además, de aportar información periódica a los registros internacionales, como el Observatorio Mundial de Donación y Trasplante establecido por la OMS y gestionado por la ONT en España; y capacitar a las fuerzas del orden, a los agentes de control de fronteras y profesionales sanitarios para detectar posibles casos, incluso en internet, de tráfico de órganos y trata de personas con fines de extracción de órganos y denunciar prácticas ilegales presuntas o confirmadas.[/feedburner]Entre otras medidas, la ONU propone velar porque la extracción de órganos humanos se produzca en centros específicamente autorizados por las autoridades sanitarias nacionales; realizar auditorías periódicas de los centros acreditados para la donación y el trasplante; y desarrollar registros que permitan garantizar la transparencia de la donación y el trasplante, la trazabilidad y la calidad y seguridad de los órganos humanos
Finalmente, reclama adoptar todas las medidas necesarias, incluidas las jurídicas, para proteger a las víctimas de trata y buscar fórmulas para remediar la vulnerabilidad de las personas que venden sus órganos.
También insta a la OMS, a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a seguir elaborando directrices internacionales sobre los aspectos sanitarios, penales y de derechos humanos relacionados con la prevención y la lucha contra estos delitos. Más aún, solicita a la Secretaría General de Naciones Unidas la elaboración de un informe sobre la implantación de esta Resolución y su presentación.
Los países copatrocinadores de esta Resolución se elevan ya a 69, distribuidos de forma equilibrada en todos los grupos regionales, frente a los 40 que apoyaron la anterior.
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